El lunes 9 del corriente los integrantes de la JP Evita, acompañaron a las comunidades originarias en la reunión de trabajo que se desarrollo en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.En la reunión se escucharon los reclamos de los caciques y se puso al tanto a los funcionarios nacionales de la actual situación.
Se mencionó particularmente: las acciones la Fiscalía de Instrucción Penal de la IX Nominación (a cargo de la doctora Mercedes Carrizo), que hace lugar a todos los reclamos de los terratenientes haciendo caso omiso al cumplimiento de la Ley 26160. Y se resalto la actitud de quienes aducen titularidad sobre los Territorios Tradicionales, reaccionan con la complicidad de jueces; con amenazas de muerte a través de mensajes telefónicos; verbales o lisa y llanamente, con armas de fuego. Llegandose a casos extremos como el asesinato de Don Javier Chocobar (de 68 años), miembro de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas), perpetrado por Darío Amín, reconocido terrateniente de la zona, y dos ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira en el Comando Atila, grupo parapolicial liderado por este último.
Con este panorama los funcionarios nacionales y provinciales se informaron a fondo por boca de los actores sociales y resolvieron trasladar estas inquietudes a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para tratar de romper con la jurisprudencia de oido que no pone en practica la Ley 26160.
La la diputada nacional Stella Maris Córdoba remarco que es voluntad de este gobierno reconocer los derechos de los pueblos originarios y que el gobierno provincial tambien esta en la misma línea.
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